Comentario sobre “Dominios en Internet”

images-11.jpeg Por Patricio Poblete
El lunes 10 de agosto del presente año se publicó en “El Mercurio” un artículo del Sr. Pedro Barría, bajo el título Dominios en Internet. En él, el articulista critica el sistema de inscripción de nombres de dominios que tiene a su cargo en Chile el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (DCC), y termina haciendo un llamado al Estado chileno para que dicte una ley que regule “el modo de adquirir, usar, gozar y disponer de nombres de dominios dentro de Internet, organizando un registro para ello”.

A pesar de que en dicho artículo se menciona en reiteradas oportunidades al DCC y a la reglamentación que se utiliza para regular el procedimiento de solicitud de inscripciones de nombres de dominios, el fondo de la crítica es, en realidad, independiente de ambos. Lo que el articulista objeta es que exista un tipo de propiedad (la de los nombres de dominios) que no esté regulada por la Ley. De esto se concluye que, independientemente de quien se encargue en este momento de llevar el registro de nombres de dominios inscritos, y sean cuales sean las reglas que aplique, su acción viola la Constitución, puesto que no está respaldada por ninguna ley.

La red Internet se caracteriza por la notoria carencia de autoridades centrales, y su funcionamiento se basa en consensos y estándares que logran ser acogidos por la comunidad en la medida que muestren su utilidad en la práctica. Todo esto, en un ambiente de enorme dinamismo, que hace que las novedades de hace seis meses hoy parezcan recuerdos de un pasado remoto.

Hay algunas cosas, sin embargo, que requieren una coordinación central, para garantizar el correcto funcionamiento de la red, y una de ellas es la inscripción de nombres de dominios. Estos “dominios” son simplemente palabras que designan grupos de computadores en la red, y no guardan ninguna relación con lo que en términos jurídicos se entiende por “dominio”. Esta es una diferencia que el autor del artículo en comento no siempre logra hacer. Un ejemplo es su frase “En Chile, la adquisición del derecho de dominio está regulada por la Constitución”.

El sistema de nombres de dominios de Internet posee una estructura jerárquica. Al primer nivel (“top level domains”, o TLDs) se encuentran los dominios llamados genéricos (gTLDs): “com”, “edu”, “net”, etc., que aceptan inscripciones agrupadas por tipo de organización, independiente de la ubicación geográfica. También al mismo nivel se encuentran los dominios de países (ccTLDs), por ejemplo “uk” (Reino Unido), “br” (Brasil), “cl” (Chile), etc., que aceptan inscripciones de instituciones del país respectivo, aunque en muchos casos esa restricción se ignora.

La coordinación y supervisión del funcionamiento de estos dominios ha estado a cargo, desde que comenzó este sistema, de un organismo llamado IANA (Internet Assigned Numbers Authority), establecido por consenso de los creadores del sistema de nombres de dominios, y liderado por Jon Postel, uno de los “padres” de Internet. En el año 1986, IANA delegó la administración del dominio “cl” al DCC de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Por coherencia con el uso internacional, este servicio se denomina NIC Chile. En el espíritu que ha animado a Internet desde sus inicios, la delegación de IANA al DCC se ha mantenido vigente sustentada por el consenso existente en la comunidad de que éste ha realizado bien esta labor, lo que llevó el año pasado a IANA a reiterar su confianza en el DCC y a felicitarlo por su trabajo.

La existencia de un registro de nombres de dominios es necesaria por dos razones básicas. Primero, para evitar duplicidades de nombres, esto es, que un mismo nombre pueda ser usado por dos personas o empresas diferentes. Segundo, para lograr que esos nombres, al ser utilizados por los usuarios, se traduzcan adecuadamente por las direcciones numéricas, llamadas direcciones IP, que permiten ubicar a los computadores en la red.

Ambas funciones son esenciales para el buen funcionamiento de Internet, y mal se puede reprochar al DCC el realizarlas, habiendo sido encargado para ello por IANA, habiéndolo hecho en forma impecable desde el punto de vista técnico, y en forma absolutamente gratuita durante los primeros diez años de operación del sistema.

La tesis del articulista Sr. Barría, de ser aceptada, conduciría al absurdo de que el DCC debería dejar de inmediato de realizar esta función, y nadie más debiera reemplazarlo, en tanto no existiera el respaldo de una ley, so pena de violar los artículos constitucionales que él señala.

La reglamentación establecida por el DCC para el proceso de las solicitudes de inscripción de nombres de dominios tiene en primer lugar la finalidad de explicitar las normas de operación, y evitar la discrecionalidad que existiría si dichas reglas no estuvieran escritas. Con el ánimo de permitir la solución ordenada de los conflictos que se pudieran producir por el uso de algún nombre de dominio en particular, se establece un período de publicación de treinta días, durante los cuales otras partes que se sientan afectadas puedan presentar sus propias solicitudes, llevándose el conflicto a un árbitro independiente si al cabo de esos treinta días hay más de un peticionario para ese nombre.

El resultado de la vigencia de estas normas ha sido que, en contradicción con lo que expresa el articulista, han sido muy escasos los problemas con inscripciones de nombres de dominios, y el dominio “cl” presenta un grado sumamente bajo de “conflictividad”, si se le compara con otros como “com”, por ejemplo. Aparentemente, la mera existencia de una instancia arbitral ha sido un freno importante para quienes, en forma oportunista, pudieran sentirse tentados de apropiarse de un nombre ajeno.

El mecanismo arbitral fue escogido porque, a pesar de lo que podría pensarse en forma simplista, quién tiene el mejor derecho a usar un nombre de dominio dado puede ser altamente discutible. No existen en los dominios las “clases” del sistema de marcas registradas. También la necesidad de sintetizar todo el nombre en una palabra, o en muy pocas, lleva a abreviaturas que pueden ser reclamadas válidamente por distintas partes. Por otro lado, salvo en casos de nombres muy famosos, los nombres de dominios no tienen la importancia estratégica que mucha gente cree. Las páginas web se vuelven populares, exitosas y ubicables no por su nombre de dominio, sino por su contenido. En este sentido, en ocasiones la instancia arbitral ha ayudado a lograr avenimientos en que cada parte ha aceptado inscribir un nombre que la satisfaga.

Debe reconocerse, sin embargo, que aunque el actual sistema hubiera operado a la perfección, subsistiría el problema de qué sucede cuando alguien, por una razón u otra, no pudo obtener dentro de esas reglas la inscripción de un nombre para el cual considera tener derecho. En ese sentido, debe enfatizarse algo que el articulista no señala: las normas de procedimiento utilizadas por el DCC obviamente no están por encima de las leyes, y por el contrario, ellas señalan expresamente que el DCC podrá suspender o anular inscripciones de dominios cuando esto le sea comunicado por una orden competente. De este modo, las partes siempre tienen el recurso de ir a los tribunales o a cualquier otra instancia competente. Cuando esto ocurra, y de acuerdo a los lineamientos entregados por IANA en su documento RFC1591: Domain Name System Structure and Delegation, el DCC no toma partido entre las partes, entendiéndose que es un conflicto exclusivamente entre ellas, y se limita a realizar en su registro las eliminaciones o las anotaciones que la autoridad le ordene.

De acuerdo a estos mismos lineamientos, la inscripción de un nombre de dominio no confiere ningún derecho de marca registrada sobre ese nombre, recayendo sobre el solicitante la responsabilidad de asegurar que su petición no viole derechos de terceros, a lo cual se agrega, como se ha dicho, que una inscripción puede ser anulada si existe una sentencia que así lo disponga.

Por tanto, el sistema de inscripción de nombres de dominios está muy lejos de la imagen casi caótica que el Sr. Barría imagina, y los usuarios gozan de todos los derechos que la Ley y la Constitución les otorgan, especialmente aquellos que tienen que ver con la propiedad intelectual e industrial.

Esta situación se debe en no poca medida a que el DCC, en el desempeño de esta labor, se encuentra sometido al escrutinio permanente de la comunidad, que en Internet es implacable con las cosas que no funcionan. También se ha beneficiado de las críticas constructivas que permanentemente le han hecho llegar las distintas empresas proveedoras de Internet, la Asociación Chilena de Propiedad Industrial, los usuarios del sistema, y muchos otras personas e instituciones.

El gobierno de Estados Unidos, en su “White Paper” que ha dado origen al actual proceso de discusión orientado a establecer un organismo que continúe las funciones de la actual IANA, y del cual la reunión de Ginebra mencionada por el Sr. Barría forma parte, ha reconocido expresamente que “un proceso privado de coordinación es probable que sea más flexible que el gobierno, y capaz de moverse con la suficiente rapidez para satisfacer las necesidades cambiantes del Internet y de sus usuarios”, por lo cual ha decidido no legislar sobre la materia. El DCC participa de este proceso de discusión a través de la Alianza Mundial de TLDs, y está tratando de esta manera que la “Nueva IANA” pueda satisfacer de la mejor manera las necesidades que plantea el desarrollo de Internet en Chile y en el mundo.

Patricio Poblete
Director DCC
Contacto Administrativo Dominio CL

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